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Lo que se negocia sobre reforma de pensiones

Notapor F.J. » 28 May 2013 19:19

El Gobierno ha enviado un documento a la comisión del Pacto de Toledo en el que sugiere adelantar los cambios paramétricos y revisar la indexación de las pensiones respecto de la evolución del IPC. Es decir, la esencia del sistema de reparto de la Seguridad Social sería siendo básicamente la misma, ya que tan sólo se alterarían las cifras y las cuantías de las prestaciones. Ni hablar de implantar un sistema de capitalización o un modelo mixto como el sueco de prestación definida (el trabajador sabe cuánto va a cobrar en el momento de jubilarse).
Y se basan en el sistema de pensiones de algunos paises nórdicos pero sin aplicar que en esos paises el 90 % es un sistema de reparto y el otro 10 % queda a libre elección del propio trabajador. Y este, qeneralmente se acoge a un sistema de capitalización que mejora sistancialmente su pensión. Pero aquí eso nada solo lo malo.

En el Plan Nacional de Reformas, de hecho, se anuncia la creación de una nueva regla de indexación que se aplicará a todos los ingresos y gastos del sector público, así como a las tarifas y precios regulados actualmente referenciados al IPC. La nueva regla de indexación, alternativa al IPC, será la inflación subyacente a impuestos constantes, con un límite superior del 2%.


La actualización de la cuantía de las pensiones, en todo caso, también tendrá en cuenta factores como la marcha de los ingresos por cotizaciones, el aumento del número de pensiones, la esperanza de vida y la propia evolución de la pensión media. En ningún caso, el IPC, como ha sucedido en las dos últimas décadas.

Las reformas propuestas por mayoría de los doce expertos* designados por el Gobierno -aún en fase de borrador de propuesta- van en todas las direcciones. En particular, la fórmula que sirve para calcular la cuantía de la pensión (los años de cotización y las bases reguladoras), la entrada en vigor de la nueva edad legal de jubilación (67 años) o la actualización de las pensiones para adecuarlas a la evolución de los precios.

Y lo que proponen algunos de los expertos es que los actuales parámetros sean revisados de forma urgente. Es decir, sin esperar a 2027, que es la fecha por la que se decantó la última reforma de las pensiones para poner al día la edad de jubilación. Eso significa, lisa y llanamente, que se acortarán los plazos previstos, y que se basaban en avanzar tres meses por año la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta llegar a los 67 en 2027, salvo en el caso de los trabajadores que hubieran cotizado al menos 38 años y medio, que podrían jubilarse a los 65 años.

La sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, en todo caso, se articulará a través de una nueva fórmula que debe garantizar el equilibrio presupuestario. O expresado en otros términos, el gasto en pensiones dependerá de los ingresos, tanto individuales como colectivos, lo que quiere decir que si los pagos crecen por encima de la recaudación, por ejemplo un 5%, el desfase deberá corregirse de forma casi automática mediante la aplicación del factor de sostenibilidad. Es decir, reduciendo el gasto en la misma cuantía. El Estado, en todo caso, mantendría su política de pensiones mínimas del sistema.

La esperanza de vida, de igual forma, jugaría también un papel fundamental a la hora de calcular la cuantía de las pensiones y los años de cotización. Ello supone, igualmente, que si la esperanza de vida de los nuevos pensionistas es un 5% más elevada de la que tenían quienes causaron baja, la nueva pensión debería ser un 5% más reducida de la que percibían los anteriores perceptores.
F.J.
 
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