Se gana en Almería la primera Demanda que reconoce el derecho a percibir a los empleados públicos de Andalucía la parte proporcional de la PAGA EXTRA correspondiente al periodo “01-06-12 al 14/07/12”, que fue suprimida por la Administración alegando el contenido del Art. 2.1 del Real Decreto Ley 20/2012, de 19 de junio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en vigor desde el 15/7/12; esto es, el conocido Real Decreto que eliminó la paga extra a los funcionarios durante el mes de diciembre pasado.
Se trata de la primera sentencia estimada en este sentido en Andalucía, y la primera para personal estatutario en toda España.
La Sentencia dimana del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 3 de Almería y ha sido seguida a virtud de una demanda presentada por la Asesoría Jurídica del Sindicato USTEA-ASTISA (Sector Sanitario de USTEA)
El Juzgador titular del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 3 de Almería aclara en su Sentencia que el art. 2.1 del citado Real Decreto Ley 20/2012 cuando expresa en relación a la paga extra de los funcionarios que “...verán reducidas sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre”, priva al funcionario del emolumento mencionado en el sentido “reducirlo”, siendo este uno de los efectos que produce la entrada en vigor de la norma, que tuvo lugar el 15/07/12, momento en que tiene lugar el despliegue de toda su eficacia, pero nada hace pensar, ni parece defendible, que ello alcance a un periodo inmediatamente anterior a la fecha de esa entrada en vigor, días en los que ya se estaba devengando una cantidad que, no obstante, está establecido que se perciba en Diciembre.
Se estiman así los argumentos de la defensa que solicitaba el abono de la parte proporcional de la paga extra generada antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012.
Finalmente, a virtud de la precitada sentencia, firme, se ha reconocido el derecho al cobro de 44 días devengados y no percibidos en la paga extra de diciembre de 2.012, a los que podrán tener derecho todos los empleados públicos que lo soliciten dentro del plazo de prescripción de la acción.