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El principal objetivo que persiguen los sindicatos con este acuerdo es que no se produzcan retrocesos en los derechos laborales adquiridos por los funcionarios y se garantice su estabilidad laboral; así como que se blinde el acceso a la función pública por oposición y se forjen los pilares necesarios para evitar "una avalancha de privatizaciones" en los servicios públicos independientemente de quien gobierne.
En este sentido, Carbonero advierte de que "los presupuestos autonómicos sólo recogen el 10 por ciento de tasas de reposición, lo que supone una merma del empleo público" y enlazó este hecho con la posibilidad de que, a partir de 2012, se permita a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) operar en el sector público.
Así, señaló que [color=#FF0000]el problema de los cambios previstos, por ejemplo, en el Servicio Andaluz de Empleo no es que adquiera un nuevo nombre, sino que las actuales oficinas públicas pueden desaparecer y ser sustituidas por otras impulsadas desde el sector privado. [/color]
Pero ahora acordarán con psoe y ugt que eso no se hace... Pero si esas impulsadas desde el sector privado, se llaman ugtccoo pues igual "podemos llegar a otro Acuerdo" (...)