La Administración Pública no ha sido fácil formarla en nuestra democracia, la democracia no ha sabido dar con su propio modelo, llenos como estaban algunos partidos políticos y no digamos los sindicatos de prejuicios hacia los funcionarios y otros hacia los laborales. Se abre entonces la vía -pronto generalizada- de la laboralización que permitió contratar sin pruebas públicas a miles de empleados. Tenemos un Estatuto aprobado por ley y se nos ha amenazado con 17 leyes de funcionarios, una por Comunidad autónoma. Mayor festín legal es imposible.
Pero la perversión más peligrosa viene ahora por el camino de los entes instrumentales al servicio de las Administraciones y al servicio del clientelismo descarado que se practica desde la esfera política.
La bandera a levantar es muy clara y está fijada en la Constitución: principio de mérito y capacidad. Reglados los ingresos, los ascensos, las retribuciones... Cuanto menor sea la discrecionalidad en este ámbito, mejor. Y la igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a un puesto público en el frontispicio.
No hay nada que inventar. Todo consiste en ser consecuente con los principios constitucionales. Algo tan simple pero, a lo que se ve, tan difícil...
Saludos