El patito feo de la Junta de Andalucía
Los empleados públicos de la Junta de Andalucía somos personas trabajadoras conscientes de la complicada situación política, económica y social por la que pasa nuestro país y más concretamente nuestra comunidad autónoma.
A día de hoy, la Tasa de Paro es del 20,0% a nivel Nacional y del 27.21% en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Siendo ésta última, con 46.900 parados más, la que mayor aumento de desempleo a presentado ( junto con la comunidad de Madrid y Cataluña), según fuentes consultadas en la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 30 de abril del presente año, referente al primer trimestre del 2010.
Con estos datos, no debe extrañar a nadie la incertidumbre y temor que están viviendo estos días los Empleados Públicos por los rumores vertidos sobre la publicación en BOJA del Decreto-Ley de Reorganización de la Administración Pública Andaluza el pasado martes día 27 del presente mes. Especialmente afectado, está el Personal Laboral, que por la llamada Doctrina de Actos Separables, está sometido a las normas de la función pública (del mismo modo que los funcionarios) en cuanto a la selección de personal, régimen de incompatibilidades y límites presupuestarios a la negociación colectiva. Pero, también se ve afectado por las leyes laborales y por las demás normas convencionalmente aplicables, en relación con el contrato de trabajo, condiciones laborales y despido, siendo éstas últimas regulaciones las que provocan mayor desconcierto en los trabajadores.
Soy consciente de mala prensa pública que tenemos y por si fuera poca, ahora se nos une la de pasivos en la defensa de nuestros derechos, debido a la baja participación en la huelga convocada el pasado mes de junio en nuestro sector.
Señores, políticos y agentes sociales. Los empleados públicos, no somos ignorantes, lo que somos la mayoría es mil-euristas (no se confundan) y si nos preocupamos por el Decreto-Ley es porque ustedes han fomentado la confusión, criticándose los unos a los otros sin tener el más mínimo reparo en que son nuestros puestos de trabajo (el pan de nuestras familias) lo que se está debatiendose. En estos días hemos escuchado la palabra “privatización” y “despidos” hasta la saciedad.
A los políticos, esos que tanto proclaman la responsabilidad en la gobernanza, les diré que no hay mayor acto de responsabilidad política que la información transparente, veraz y a su debido tiempo. Que las prisas son malas consejeras decía mi abuela.
A los agentes sociales, independientemente de la siglas tras las que militen, le haré una reflexión, no es hora de entonar el “mía culpa”, algo no estaréis haciendo bien cuando cada vez gozáis de menos credibilidad, un examen de conciencia no le viene mal a nadie. Los empleados públicos en un acto de responsabilidad y solidaridad ciudadana no hemos salido a la calle a protestar por los recortes salariales (y conste que nos ha jodido), pero es menos cierto que llevamos algunos años esperado que defendéis nuestras condiciones laborales de manera más contundente en las mesas de negociación y que la información nos llegue en tiempo y forma. Una vez hecho firme todo cuanto nos afecta, entenderéis que ya es tarde para pedirnos que nos movamos e informarnos, que ya nos leemos nosotros los boletines oficiales a los que una vez publicado todos tenemos acceso. Pero recordando a mi abuela otra vez, decía ella que ningún perro por mucho que ladre muerde la mano de quien le da de comer.
En fin, no tengo esperanza de que las cosas cambien, mientras que la profesionalización de la administración pública sea sinónimo de puestos de libre designación, (igualdad, mérito, capacidad…) La evolución de la Administración Pública seguirá su curso, los agentes sociales seguirán dando una de cal y otra de arena y nosotros “los curritos de la administración” defendiendo nuestros puestos de trabajos como mejor sabemos hacerlo, poniendo en prácticas nuestros conocimientos y desempeñando nuestras funciones al servicio de la ciudadanía.