Max Estrella: Paisaje después de la batalla
Publicado: 10 May 2011 08:52Max Estrella: Paisaje después de la batalla
Ajeno, desde luego, a los refinamientos y sutilezas venecianas del “príncipe” maquiavélico, pero con la dureza y contumacia estaliniana del martillo pilón, el régimen que devasta esta querida tierra nuestra ha dictaminado el ocaso del modelo constitucional de Administración; dicho sea de paso, de salud precaria desde su mismo nacimiento. De modo semejante al de aquella mano tenebrosa, que en un banquete real –según cuentan los libros proféticos- escribió la misteriosa frase que vaticinaba la ruina del imperio persa, la mano macabra de Griñán, el Soberbio, ha firmado, no ya en los muros palaciegos sino en el BOJA, el certificado de defunción de la Administración Pública nacida de la Constitución Española de 1978 (vivió, pues, como Cristo, 33 años). RIP. Ahora todo está consumado. Pero a diferencia del relato bíblico, no precisamos de las artes adivinatorias del arúspice para saberlo; sólo falta esperar que vengan los liquidadores –no es retórica, así está escrito- y hagan su trabajo.
Compruébese que desde el primer día dijimos que esto no era sólo un conflicto laboral. Éste –el laboral- no es sino un conflicto de orden secundario, efecto colateral o consecuencia de otro más importante, nuclear, y de naturaleza política. Hay que decirlo bien claro y abrir los ojos de los que no quieren verlo: Estamos ante un conflicto político, que, como tal, concierne a toda la ciudadanía y que debe resolver ésta en su conjunto, y no sólo la pequeña parte que constituyen los empleados públicos. Un conflicto político en el que de un lado está el régimen socialista (apoyado por dos sindicatos que no representan a nadie, y que deben seguir su misma suerte), ¿quiénes, del otro?
Porque esta mal llamada “reordenación del sector público andaluz”, presentada bajo el cuño de la austeridad, la eficiencia y la mejora de los servicios públicos, no entraña ninguna reorganización administrativa auspiciadora de tales fines. Esta mal llamada reordenación no es sino un disfraz que enmascara la verdadera naturaleza de esta monstruosa operación: un paso más, una nueva fase, en la construcción del modelo político neototalitario que pretende imponer el partido socialista, para perpetuarse en el poder. Fiel, cómo no, a la única religión que profesan todos los déspotas del mundo: el monoteísmo del poder.
Esta fase tiene como objetivo la liquidación del modelo de Administración consagrado en la Constitución y su sustitución por una “Administración de Partido”, por una burocracia de partido, al estilo estalinista. Obviamente, este ataque a la Constitución no puede perpetrarse abiertamente, de ahí la necesidad de maquillarlo bajo la apariencia de algo benéfico y legítimo.
Ya dijimos en anteriores ocasiones que esta operación es inconstitucional y antidemocrática. Aquí lo que está puesto en cuestión por el régimen socialista es el Estado de Derecho y los principios inspiradores de una sociedad democrática, como son la Libertad, la Justicia y la Igualdad de los ciudadanos ante la Ley.
Porque acaso no es un ataque a la libertad de los individuos la constitución de una Administración paralela, huida del Derecho administrativo –que impone a la Administración una actuación conforme al principio de legalidad, no sólo en el sentido de venir obligada a respetar las leyes, sino de tener a la Ley como límite o frontera de sus actos frente a la libertad de los ciudadanos?.
Y es que, ¿acaso no es un ataque a la libertad individual que las potestades administrativas –esos poderes exorbitantes con que la Constitución y las leyes han dotado a la Administración para la procura y satisfacción de los intereses de todos los ciudadanos; y en cuya virtud la sitúan en una posición de supremacía frente a éstos- sean usurpadas a los órganos legítimos y otorgadas a unos entes –las agencias- en cuyo estatuto fundacional ya se declara que no tienen porqué someterse necesariamente al derecho administrativo, es decir, al imperio de la Ley, pero a las que se les reconoce, sin embargo, la potestad de actuar frente al ciudadano -como si fuesen una Administración Pública- con poderes exorbitantes, hasta el punto de poder intervenir en la vida y actividad de los mismos, regulando el ejercicio de sus derechos y libertades mediante, por ejemplo, su sometimiento a licencias o autorizaciones; o mediante el establecimiento de condiciones, límites o prohibiciones; u otorgándose a sí mismas -las agencias- el privilegio de inspeccionar la actividad de los ciudadanos, o imponerles sanciones o multas; y así tantas y tantas más intromisiones ilegítimas. Y todo ello, de espaldas a los derechos y garantías que el procedimiento administrativo reconoce a los ciudadanos, y bajo la dirección de los nuevos comisarios políticos, directivos de las agencias, nombrados por el régimen y que ni siquiera tendrán ya porqué ser funcionarios?
Y es que, ¿acaso no constituye una injusticia, y un ataque al derecho de los ciudadanos de poder acceder al ejercicio de las funciones públicas en condiciones de igualdad, el hecho de que mediante esta infame operación el régimen socialista haya convertido arbitrariamente en empleados públicos a más de 20.000 correligionarios, parientes, amigos y paniaguados, que fueron metidos en las agencias, empresas y fundaciones públicas por esos y no por otros “méritos” que esos?
¿No es acaso eso un ataque frontal y directo a los derechos constitucionales de los miles de opositores y de sus familias? No es acaso un ataque contra los derechos de miles de personas, que en sus proyectos vitales hubiesen considerado la posibilidad de trabajar en un futuro inmediato en la Administración Pública de su Comunidad Autónoma, y que ahora ven cegadas o, en todo caso, cercenadas, sus legítimas expectativas y frustrada su esperanza de hacerlo realidad? (Pues, no nos engañemos, tras la intrusión de estos casi 30.000 usurpadores, las ofertas de empleo público, si las hubiere, serán puramente testimoniales en los próximos años)
Y, para mayor desvergüenza, todo ello se perpetra –como suelen hacer los regímenes despóticos- cubriendo la deyección con el manto de la virtud. Y, también, como suelen hacer los regímenes despóticos, apartados de la luz, entre tinieblas. Aquí, a ese manto le han llamado “protocolos de integración”; y viendo la deposición resultante, consideramos que se excedieron en todas y cada una de las letras de tan pomposa y solemne denominación (ya hablaremos de ellos en otra ocasión, y de su radical nulidad jurídica)
Ajeno, desde luego, a los refinamientos y sutilezas venecianas del “príncipe” maquiavélico, pero con la dureza y contumacia estaliniana del martillo pilón, el régimen que devasta esta querida tierra nuestra ha dictaminado el ocaso del modelo constitucional de Administración; dicho sea de paso, de salud precaria desde su mismo nacimiento. De modo semejante al de aquella mano tenebrosa, que en un banquete real –según cuentan los libros proféticos- escribió la misteriosa frase que vaticinaba la ruina del imperio persa, la mano macabra de Griñán, el Soberbio, ha firmado, no ya en los muros palaciegos sino en el BOJA, el certificado de defunción de la Administración Pública nacida de la Constitución Española de 1978 (vivió, pues, como Cristo, 33 años). RIP. Ahora todo está consumado. Pero a diferencia del relato bíblico, no precisamos de las artes adivinatorias del arúspice para saberlo; sólo falta esperar que vengan los liquidadores –no es retórica, así está escrito- y hagan su trabajo.
Compruébese que desde el primer día dijimos que esto no era sólo un conflicto laboral. Éste –el laboral- no es sino un conflicto de orden secundario, efecto colateral o consecuencia de otro más importante, nuclear, y de naturaleza política. Hay que decirlo bien claro y abrir los ojos de los que no quieren verlo: Estamos ante un conflicto político, que, como tal, concierne a toda la ciudadanía y que debe resolver ésta en su conjunto, y no sólo la pequeña parte que constituyen los empleados públicos. Un conflicto político en el que de un lado está el régimen socialista (apoyado por dos sindicatos que no representan a nadie, y que deben seguir su misma suerte), ¿quiénes, del otro?
Porque esta mal llamada “reordenación del sector público andaluz”, presentada bajo el cuño de la austeridad, la eficiencia y la mejora de los servicios públicos, no entraña ninguna reorganización administrativa auspiciadora de tales fines. Esta mal llamada reordenación no es sino un disfraz que enmascara la verdadera naturaleza de esta monstruosa operación: un paso más, una nueva fase, en la construcción del modelo político neototalitario que pretende imponer el partido socialista, para perpetuarse en el poder. Fiel, cómo no, a la única religión que profesan todos los déspotas del mundo: el monoteísmo del poder.
Esta fase tiene como objetivo la liquidación del modelo de Administración consagrado en la Constitución y su sustitución por una “Administración de Partido”, por una burocracia de partido, al estilo estalinista. Obviamente, este ataque a la Constitución no puede perpetrarse abiertamente, de ahí la necesidad de maquillarlo bajo la apariencia de algo benéfico y legítimo.
Ya dijimos en anteriores ocasiones que esta operación es inconstitucional y antidemocrática. Aquí lo que está puesto en cuestión por el régimen socialista es el Estado de Derecho y los principios inspiradores de una sociedad democrática, como son la Libertad, la Justicia y la Igualdad de los ciudadanos ante la Ley.
Porque acaso no es un ataque a la libertad de los individuos la constitución de una Administración paralela, huida del Derecho administrativo –que impone a la Administración una actuación conforme al principio de legalidad, no sólo en el sentido de venir obligada a respetar las leyes, sino de tener a la Ley como límite o frontera de sus actos frente a la libertad de los ciudadanos?.
Y es que, ¿acaso no es un ataque a la libertad individual que las potestades administrativas –esos poderes exorbitantes con que la Constitución y las leyes han dotado a la Administración para la procura y satisfacción de los intereses de todos los ciudadanos; y en cuya virtud la sitúan en una posición de supremacía frente a éstos- sean usurpadas a los órganos legítimos y otorgadas a unos entes –las agencias- en cuyo estatuto fundacional ya se declara que no tienen porqué someterse necesariamente al derecho administrativo, es decir, al imperio de la Ley, pero a las que se les reconoce, sin embargo, la potestad de actuar frente al ciudadano -como si fuesen una Administración Pública- con poderes exorbitantes, hasta el punto de poder intervenir en la vida y actividad de los mismos, regulando el ejercicio de sus derechos y libertades mediante, por ejemplo, su sometimiento a licencias o autorizaciones; o mediante el establecimiento de condiciones, límites o prohibiciones; u otorgándose a sí mismas -las agencias- el privilegio de inspeccionar la actividad de los ciudadanos, o imponerles sanciones o multas; y así tantas y tantas más intromisiones ilegítimas. Y todo ello, de espaldas a los derechos y garantías que el procedimiento administrativo reconoce a los ciudadanos, y bajo la dirección de los nuevos comisarios políticos, directivos de las agencias, nombrados por el régimen y que ni siquiera tendrán ya porqué ser funcionarios?
Y es que, ¿acaso no constituye una injusticia, y un ataque al derecho de los ciudadanos de poder acceder al ejercicio de las funciones públicas en condiciones de igualdad, el hecho de que mediante esta infame operación el régimen socialista haya convertido arbitrariamente en empleados públicos a más de 20.000 correligionarios, parientes, amigos y paniaguados, que fueron metidos en las agencias, empresas y fundaciones públicas por esos y no por otros “méritos” que esos?
¿No es acaso eso un ataque frontal y directo a los derechos constitucionales de los miles de opositores y de sus familias? No es acaso un ataque contra los derechos de miles de personas, que en sus proyectos vitales hubiesen considerado la posibilidad de trabajar en un futuro inmediato en la Administración Pública de su Comunidad Autónoma, y que ahora ven cegadas o, en todo caso, cercenadas, sus legítimas expectativas y frustrada su esperanza de hacerlo realidad? (Pues, no nos engañemos, tras la intrusión de estos casi 30.000 usurpadores, las ofertas de empleo público, si las hubiere, serán puramente testimoniales en los próximos años)
Y, para mayor desvergüenza, todo ello se perpetra –como suelen hacer los regímenes despóticos- cubriendo la deyección con el manto de la virtud. Y, también, como suelen hacer los regímenes despóticos, apartados de la luz, entre tinieblas. Aquí, a ese manto le han llamado “protocolos de integración”; y viendo la deposición resultante, consideramos que se excedieron en todas y cada una de las letras de tan pomposa y solemne denominación (ya hablaremos de ellos en otra ocasión, y de su radical nulidad jurídica)