Foro de USTEA Asp-Laborales

Quien volverá al estado tras la sentencia del Guadalquivir

En este blog tienes alguna información: http://plataformaaguapublica.blogspot.com/

Parece que la partida no ha terminado y aún se lo están jugando.

El asunto del Guadalquivir, al giual que tantos que ya conocemos del funcionamiento en la Junta de Andalucía, es una incógnita porque no se atiene ni a Leyes ni a Sentencias, como algunos ilusos creíamos.

En principio, con el Constitucional anulando el art. 51 del Estatuto andaluz y el Supremo anulando el Decreto de Trasnferencia, habríamos vuelto TODOS. Entonces habría que ver cómo se arreglaba el asuntos de las plazas que hubieran cambiado de ocupante durante la gestión de la Junta; y entonces veríamos cómo consolidábamos las retribuciones que estamos cobrando. Eso, en principio.

Después hicieron la Encomienda de Gestión, que finaliza el 6/8 de octubre

Después modificaron la Ley de Aguas para poder transferir fundamentalmente Comisaría de Aguas

Después incluyeron algunos embalses. Parece que los de Regulación General (18) y el personal de oficinas necesario

En el Ministerio de Medio Ambiente informaron de que: Por el momento, aproximadamente calculan que serán unos 88 puestos de Funcionarios y unos 240 de Laborales los que volverán al Departamento, la identificación concreta de los puestos no se conoce.
Desde el Comité de Sevilla dicen que: "...estuve presente en la reunión con Paniagua. Nos dijo que se iban a publicar dos decretos, en el mismo día . Uno por el que todos regresaríamos a la CHG para cumplir la sentencia de TC. Otro por el que se transferirían algunas funciones y personal a la Junta. Parece que policía, guardería, parte de los servicios horizontales... Pero no especificó exactamente qué servicios eran los afectados, ni cuántos trabajadores, porque se estaba negociando.
En otra reunión veo que se incluyen algunos embalses que no son de regulación

Nos pongamos como nos pongamos, decidirán las cartas o cromos de dan y reciben. A los trabajadores nos queda pegar un manotazo en la TIMBA y exigir el respeto que nos merecemos con el acatamiento de las sentencias y las situaciones consolidadas que tenemos. Mientras no nos pongamos exigentes, estaremos a su juego y, concluida la partida, será Ley que nos obligará más que a ellos las Sentencias.

Saludos

Gracias badish

Completando la información

Ayer recibimos un correo que, bajo pretexto de atender la voluntariedad, propone

1- Ejecutar las Sentencias del Supremo
2- No ejecutar las Sentencias, sino repartirse el asunto entre Junta y Estado
3- Declarar "j----dos" a los trabajadores de algunos centros al excluirlos de la voluntariedad
4- Organizar una Admnistración Pública al gusto de los trabajadores a los que sí se les consulta
5- Dar un ultimatum de respuesta en menos de 24 horas, ignorando si los destinatarios de la consulta la han podido conocer, ya que se hace por internet y sin previo aviso.

Vamos, un circo

saludos

Junta de Andalucía y Gobierno Central están negociando el reparto del Guadalquivir. Parece que después de haber dejado pasar casi 6 meses el tiempo se les acaba y la solución no es fácil.

Al proponer el reparto de centros, en lo que entendemos que es BURLAR el acatamiento de las Sentencias, algunos puestos asociados a esos centros tendrán que detraerse de los Concursos de Traslados en marcha. La consecuencia inmediata será algún retraso en su Resolución, necesariamente.

Por otra parte están los distintos pronunciamientos reclamando la estricta ejecución de la Sentencia.
Lo que se va a producir, al parecer, es un primer Decreto de Reversión de todo el personal transferido en 2009 al Estado y según la RPT publicada como Anexo en el RD 1666/2008
Posteriormente, una vez que consigan el Acuerdo y la forma legal, se haría el Decreto de Transferencia y Delegación de Competencias y Funciones.

La verdad es que esta Transferencia fue un disparate ya advertido por informes internos del PSOE y del Consejo Consultivo, que después cambiaron para tratar de hacerla posible. Pero el Constitucional se pronunció posteriormente en contra.

CSIF y USO ya se han pronunciado a favor del retorno al Estado. Desde USTEA Granada nos manifestamos igual a partir de la legalidad suprema (Constitución) y la seguridad jurídica (Tribunales) y entendemos que nuestros políticos defiendan la participación en la gestión del Guadalquivir en un FUTURO ACUERDO dentro de la legalidad y con la participación de los Representantes de los trabajadores.

La postura de USTEA ante las sentencias sobre las competencias sobre el río Guadalquivir:
[url]
http://asp-laborales.ustea.org/node/1446[/url]

Granada, 29 de septiembre de 2011

Sra. Presidenta de la Mesa Sectorial de
Negociación de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sra. Presidenta:
En relación con las Sentencias del Tribunal Constitucional y Supremo sobre las
competencias sobre el río Guadalquivir, le indico la postura de USTEA sobre la misma:
1- Defiende la Participación en la Gestión de los recursos naturales de Andalucía.
2- Exige el sometimiento a la legalidad de todos los poderes públicos como representantes
legítimos de los intereses de todos los ciudadanos.
3- Exige el acatamiento de las Sentencias firmes dictadas por los Tribunales, como garantes
de la seguridad jurídica a que tenemos derecho Todos los ciudadanos.
4- Denuncia la manipulación interesada que se está haciendo sobre la Gestión del
Guadalquivir con el pretexto de defensa del andalucismo y los intereses de los
andaluces.
5- Denuncia la manipulación interesada que desde la Administración se hace para
conseguir la división entre los trabajadores de un mismo colectivo afectado confinando
a unos al ámbito de la Junta de Andalucía o el Estado sin opción alguna; al mismo
tiempo se les ofrece discrecionalmente a otros su posible adscripción voluntaria a uno u
otro ámbito.
6- Denuncia la exclusión del Único Interlocutor Válido en la Representación de los
intereses de los trabajadores como ciudadanos afectados en las negociaciones que se
hicieron, se están haciendo y se hagan al respecto.
7- Exige la transparencia adecuada, la información previa, la participación que corresponde
entre las partes afectadas. En el ámbito laboral esta interlocución corresponde a la
Representación elegida por los trabajadores como afectados directos de cuanto se
acuerde.
1
8- Exige el cumplimiento estricto de las reiteradas Sentencias de Nulidad del RD 1666/2008
con todas las consecuencias que se deducen:
a. Reversión de todos los puestos de trabajo transferidos
b. Atención al mantenimiento de los derechos consolidados de los trabajadores
c. Asunción de las responsabilidades de las Administraciones implicadas, ya que la
Transferencia no fue Voluntaria para el trabajador
9- Exige la información previa y la participación adecuada en un Futuro Acuerdo de
Participación en la Gestión del Guadalquivir.
Por lo que SOLICITA expresamente a la Administración tenga en cuenta estas
manifestaciones y apliquen las medidas expresadas.

http://t.co/HmLdeO9K


El Consejo ratifica la prórroga del convenio con el Gobierno central para la encomienda de la gestión del Guadalquivir

La moratoria mantiene abierta la línea de trabajo para aplicar los acuerdos adoptados el 16 de septiembre por la Comisión Bilateral Junta-Estado
11/10/2011

El Consejo de Gobierno ha ratificado la prórroga, hasta el 21 de octubre, de la encomienda a la Junta de Andalucía, por parte de la Administración central, de la gestión de los recursos y aprovechamientos de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir situados en el territorio de la comunidad autónoma.

Esta moratoria, acordada el pasado 7 de octubre con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, mantiene abierta la línea de trabajo para aplicar los acuerdos adoptados el 16 de septiembre por la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado sobre el traspaso a la Administración autonómica de las funciones y servicios pactados.

El proceso de aplicación de dichos acuerdos se encuentra en fase muy avanzada pero aún no ha concluido, por lo que se hace necesaria la prórroga de la encomienda para garantizar la continuidad y normalidad de la prestación de los servicios públicos vinculados al Guadalquivir. Esta encomienda fue suscrita el 7 de abril de 2011, con una duración prevista de seis meses, como solución transitoria para garantizar la gestión mientras se desarrollaba el proceso de adecuación al ordenamiento jurídico derivado de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia. La medida, de carácter provisional, ha evitado además durante estos meses la paralización de los proyectos desarrollados desde que la Junta de Andalucía asumiera en 2008 los medios y servicios de la cuenca.