Foro de USTEA Asp-Laborales

NOTA de prensa:
Bruselas ha abierto expediente a España para aclarar cómo se están ejecutando las políticas comprometidas en Andalucía en materia de riesgos laborales en Andalucía, políticas que han acumulado en dos planes de prevención un presupuesto cercano a los 200 millones de euros. Según las denuncias de los propios empleados públicos, la administración andaluza no mantiene las exigencias de protección de sus empleados. Se afecta de este modo a uno de los programas donde el dinero ha corrido sin límite durante la época del consejero Antonio Fernández, imputado en el caso ERE. Si las denuncias son veraces, Europa se tendrá que poner a investigar qué ha pasado con ese dinero.

Según las denuncias, la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, vulneró la prevención de riesgos laborales, seguridad y salud laboral y abandonó la coordinación de los distintos Centros de Prevención de Riesgos Laborales dependientes de la Consejería. Ni siquiera se constituyeron los organismos necesarios de control de los programas exigidos por la ley. Pero los presupuestos se gastaron como muestra el Decreto 313/2003 con 66 millones de euros iniciales, completados en una segunda etapa con otros 130.

Los denunciantes han demostrado que la estructura orgánica de toda la Junta de Andalucía carece de los medios humanos y materiales en materia de prevención de riesgos laborales. Otra queja de marzo de 2011 hizo que el departamento correspondiente enviara una carta al Gobierno español, aún con Zapatero como presidente, en la que expresaba su «preocupación ante posibles infracciones a la hora de aplicar la Directiva sobre salud y seguridad en el trabajo en las empresas y trabajadores dependientes de la administración andaluza».

La respuesta que ofrecieron las autoridades españolas, relata El Mundo, «no disipó las dudas de la Comisión», que envió una nueva carta, ya como advertencia formal, en noviembre de 2013. La respuesta del Gobierno español, ahora del Partido Popular, llegó a Bruselas el pasado 11 de marzo y la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, de la que está a cargo el comisario László Andor, analiza ahora los argumentos. Pero si las explicaciones no la convencieran, se iniciaría un procedimiento contra el Reino de España que podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE por un supuesto uso fraudulento de estos fondos públicos

De nuevo, los sindicatos UGT, CC.OO y otros en el ojo del huracán

Una de las últimas denuncias enviadas a Bruselas carga, además, contra algunos de los sindicatos mayoritarios y señala que «todas estas irregularidades han sucedido presuntamente como consecuencia del consentimiento y la permisividad que permiten, entre otros, la mayor parte de los representantes de los trabajadores que ostentan el cargo de Delegados de Prevención». En un acuerdo firmado por la Junta con UGT, CCOO, CSI-CSIF y Cemsatse en octubre de 2001, se recogen beneficios para sus firmantes bajo la especie de horas sindicales libres "a razón de cinco horas/mes por cada delegado de Prevención en cada uno de los Comités de Seguridad y Salud ".

Además, la Junta de Andalucía se comprometió a conceder un total de 20 créditos horarios de liberación total a las organizaciones sindicales firmantes que ostentasen la condición de más representativas en el ámbito de la Mesa General y de la Comisión de Convenio, con la siguiente distribución: a) Seis para CCOO; b) Dos para Cemsatse; c) Seis para CSI-CSIF; d) Seis para UGT. Y por si fuera poco, los delegados de Prevención y los miembros electos de Comités de Seguridad y Salud tendrían derecho a percibir indemnizaciones por gastos de desplazamiento y manutención.

Andalucía ha recibido las mayores ayudas procedentes de fondos de cohesión entre todas las regiones de Europa. La cantidad total recibida en el periodo 2007-2013, en el que se enmarcaría esta partida investigada, asciende a 12.500 millones de euros, más de una tercera parte de todos los fondos correspondientes a España. Si los fondos europeos hubieran sido afectados por estas malas prácticas, se estaría en el principio de otro gigantesco escándalo relacionado con el uso indebido de fondos públicos en Andalucía.

NOTA DE PRENSA:
Este martes mismo, la actual consejera de Economía y Hacienda dijo que no tenía propuestas encima de la mesa para alterar el funcionamiento de la actual administración "paralela" y sus empresas, fundaciones, consorcios y unidades territoriales. Con este nombre, administración paralela, se conoce a la estructura de alrededor de 27.000 personas que estaba en empresas públicas, fundaciones y otros entes de la Junta y han sido agrupados ahora en Agencias u otros organismos en un intento de reconvertir a su personal en empleados públicos sin haber pasado por las pruebas preceptivas de acceso a la administración. El PP se opone frontalmente mientras IU, con una mano lo denuncia y con la otra, contribuye a ralentizar su reforma.

Esta "administración paralela" contratada casi siempre a dedo fue caballo de batalla de los funcionarios y empleados públicos de la Junta que se manifestaron clamorosamente en varias ocasiones de manera mayoritaria contra el "decretazo", luego Ley en febrero de 2011, del gobierno Griñán que consumó la operación.

Posteriormente, a partir de 1 de enero de 2013, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, dejó claro a la Junta que debía reducir los 369 entes adscritos a la administración paralela hasta llegar a los 259. Según los datos datos recogidos en el informe de reordenación del sector público autonómico publicados el pasado julio por el Ministerio, sólo se habían reducido 19,7 en 2012 y el resto en 2013.

Tras la aprobación de la ley de reordenación de la administración andaluza de 2011, se crearon la Agencia del Conocimiento, que absorbía a tres entidades; la de Servicios Sociales y Dependencia, que se zampaba dos fundaciones; Amaya, que fusionaba Egmasa y la Agencia del Agua; la Agencia de Obra Pública, que asumía el hueco de Ferrocarriles de la Junta y Gestión de Infraestructuras de Andalucía. Extinciones puras y duras, sin recolocaciones o digestiones, había las justas: apenas tres sociedades mercantiles.

Esta megaestructura paralela cuesta 2.916,78 millones de euros a las arcas autonómicas, dispone de 27.000 empleados y su financiación representa casi el 90 por ciento de las inversiones reales previstas (3.284,7 millones) para todo el año en obras y proyectos, el capítulo que más repercusión tiene en el ciudadano y que ha retrocedido a niveles de 2002.
IU y su paripé

El pasado mes de octubre de 2013, la consejera Montero afirmó que el sector público no tiene "grasa" para seguir "adelgazando", lo que valió las críticas de su socio de gobierno, IU, que consideró que podía seguir adelgazándose la administración paralela si bien no desea su reforma radical por la implicación de CCOO y UGT en el fraguado de la misma.

Con motivo de la elaboración de las cuentas de 2014, el portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento, José Antonio Castro, pidió una "auditoría activa" del sector público para reducir el gasto y contradijo a Montero al asegurar que había "grasa" sobrante. Por si fuera poco, afirmó que sus entidades debían realizar ajustes tanto en directivos, retribuciones, horarios y contratación de servicios externos.

Pero el diario El País la hace cómplice de la ralentización de la reducción y la reforma de esta administración. Uno de los interlocutores es el exdiputado de IU, Pedro Vaquero que afirma que la reforma "va" aunque se esté retrasando. "No queremos echar a nadie, pero sí mayor eficacia. En otras empresas puede sobrar personal. Hay una agencia con seis personas y tres de ellas son jefes y eso es una barbaridad", dijo.

Vaquero ha sostenido que en las agencias públicas que dependan de Izquierda Unida se hará lo mismo que se hizo en la antigua empresa pública del Suelo, donde se prescindió de trabajadores externos y de 42 directivos. En el PSOE admiten que cualquier decisión se tomará una vez pasadas las elecciones europeas del 25 de mayo.

Según los informes del Banco de España que aportó, la deuda de los entes instrumentales se ha cuadruplicado desde 2008, desde 195 a 715 millones de euros.