• Un juzgado anula el protocolo en la última de las agencias recurridas, la Agapa
• En total, los tribunales han paralizado la integración de más de 7.800 laborales
Los empleados públicos de la Junta de Andalucía han conseguido paralizar judicialmente, de forma provisional, la integración de todos los trabajadores laborales en las nuevas agencias creadas al amparo de la polémica ley de reordenación del sector público andaluz, conocida como 'decretazo' o ley del 'enchufismo'.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla ha sido el último en pronunciarse sobre también la última de las siete agencias recurridas. Con fecha 12 de diciembre, la juez Josefa Nieto Romero ha anulado el protocolo de integración por el que se permitía a 1.852 empleados laborales desarrollar funciones de empleados públicos en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa).
Con el nuevo fallo judicial, se ha paralizado la integración de más de 7.842 'enchufados' en los nuevos organismos del Gobierno andaluz, cifra a la que habría que sumarle el número de trabajadores externos que han sido integrados en la Agencia de Dependencia y Servicios Sociales y que la Justicia también ha anulado. La Junta no ha ofrecido el dato.
Las agencias afectadas por la paralización bien de los decretos o de los protocolos de las agencias son siete: La Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya); la de Instituciones Culturales; la del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); la de Dependencia y Servicios Sociales; la de Obra Pública; la Agencia del Conocimiento y, la última, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa). En todos los casos, a excepción de la Agencia del Conocimiento, la Justicia se ha pronunciado por la vía especial de derechos fundamentales.
Precedentes en un auto recurrible
Cabe destacar que la Junta de Andalucía creó una agencia más, la Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, pero ésta no cuenta con protocolo de integración por lo que los empleados públicos no la recurrieron ante los tribunales.
Para anular el protocolo de integración de la Agencia de Gestión Agraria, la magistrada ha tenido en cuenta los fallos previos. En el suyo, argumenta que se puede estimar que la integración de los 'enchufados' "pudiera violar derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 y 23.2 de la Constitución Española", pues podría producirse una "efectiva incorporación de trabajadores que prestaban servicios en una empresa pública, se integren como empleados públicos sin respetar los principales de igualdad, mérito y capacidad". Contra este auto, cabe interponer recurso de apelación ante el propio juzgado.
El presidente de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía, José María Herrera, ha asegurado a ELMUNDO.es que todos se sienten "contentísimos porque la Justicia nos ha dado la razón".
"Estamos eufóricos porque la lucha que llevamos después de este año largo está dando sus frutos", agrega. No obstante, paralizar de forma cautelar la integración de todos los laborales en las siete agencias recurridas sólo es un paso. Ahora falta que los juzgados dicten sentencias definitivas, aunque Herrera dice estar "seguro de que serán favorables porque ya se ha creado un precedente". Mientras, un grupo de funcionarios decidió festejar esta última victoria judicial en los jardines de la Victoria, donde han vuelto a colocar la pancarta de protesta que este verano ha recorrido el cielo de las costas andaluzas.