¿Qué le pasa a CCOO con las pensiones?

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¿Qué le pasa a CCOO con las pensiones?

10 de junio de 2013


Agustín Moreno *

El sistema público de pensiones en España siempre ha estado en el punto de mira de las políticas neoliberales. Los ataques se han producido tanto con los gobiernos del PSOE como con los del PP, lo que demuestra que a la hora de servir a los intereses de la banca y de las compañías aseguradores no hay muchas diferencias entre ellos. Hagamos un breve repaso a la historia de los ataques y los pactos de pensiones.

Podemos hablar de dos etapas. La primera hasta la crisis de los dos sindicatos mayoritarios en 1994 (con la salida de Nicolás Redondo de la secretaria general de UGT, y con ruptura interna en CCOO) y su estrategia era la de oponerse a los recortes o firmar pactos de mejora. En 1985 se produjo la primera agresión al sistema de pensiones por el gobierno de Felipe González. CCOO, junto con USO, CGT, ELA-STV y otros sindicatos convocaron la Huelga General del 20 de junio. Dirigía el sindicato Marcelino Camacho. UGT no convocó la huelga, pero se manifestó junto a CCOO en las vísperas, y Nicolás Redondo y algún diputado más votaron en el Parlamento en contra de la nueva ley del ministro Almunia. Fue uno de los elementos de ruptura entre la UGT y el PSOE. Cabe destacar en esta etapa el positivo acuerdo en materia de pensiones que se produjo tras la Huelga General del 14 de diciembre de 1988, con el que se conseguía el derecho a las pensiones no contributivas y la revalorización automática.

La segunda etapa es un recorte continuo, tanto en situaciones de crisis como de expansión económica. En 1996 firmaron los sindicatos un acuerdo con Aznar recién llegado al Gobierno, con un el rimbombante nombre de ”para la racionalización y consolidación de la Seguridad Social”. Dirigía CCOO Antonio Gutiérrez, que andaba por entonces en plena persecución del Sector Crítico del sindicato y que llegó a la defenestración de Marcelino Camacho de la presidencia. Con el acuerdo sobre el Pacto de Toledo (ampliación del período de cálculo, reducción de los porcentajes) se recortaron los derechos potenciales de los trabajadores en materia de jubilación, entre un 7% y un 21%. Con éste acuerdo y otros más que aseguraron la paz social, se permitió la aplicación de una política neoliberal (privatizaciones…), que hizo que en dos años España pasase de no cumplir ninguna de las condiciones de convergencia a cumplirlas todas. Se había aplicado uno de los ajustes más duros del periodo democrático.

El siguiente pacto lo firmó solo CCOO (sin UGT) en 2001. Seguía gobernando Aznar y el secretario general de l sindicato era José María Fidalgo. Aunque contuviera algunas mejoras concretas, estimulaba el retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años, abría la posibilidad de establecer un nuevo perí­odo de cálculo con toda la vida laboral, reducía cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y pretendía fomentar los planes y fondos privados de pensiones.

En el 2011, ya con Ignacio Fernández Toxo en la dirección, se firma un nuevo acuerdo de los sindicatos con el gobierno de Zapatero en sus horas últimas. El contenido se centraba en aumentar la edad legal de jubilación a 67 años, necesitando 37 de cotización para alcanzar el 100% de la base reguladora; en la exigencia de tres años y medio más de cotización (38,5) para poder jubilarse a los 65 años; y en ampliar los años de cómputo para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años, lo que suponía un recorte de hasta un punto menos por año, es decir, un 10%, aunque se beneficiasen algunos pequeños colectivos. Esta reforma contenía uno de los mayores recortes de gastos previstos del continente, según el informe de envejecimiento de la Unión Europea (UE) de 2012 (Ageing Report). Y supone un listón inalcanzable para millones de personas, especialmente mujeres y jóvenes, con vidas laborales muy cortas y con baja cotización por el paro y la precariedad.

Nos encontramos ahora con la preparación para el último ataque a través de un informe de una comisión de “expertos”, formada por el gobierno del PP. El informe plantea las nuevas líneas maestras de recorte que son básicamente tres: desvincular la subida de las pensiones del IPC y ligarla a las cuentas de la Seguridad Social, reducir la pensión inicial con el argumento de considera la esperanza de vida, y adelantar los plazos de entrada en vigor del alargamiento de la edad de jubilación y de los nuevos sistemas de cálculo más lesivos para los trabajadores. Con el llamado ‘factor de sostenibilidad’ se reducirán automáticamente las pensiones actuales y futuras en relación al salario medio: un robo enmascarado en una fórmula compleja. En el informe se proponen “soluciones” como seguir con el alargamiento de la vida laboral, las rebajas de impuestos y el complemento de las pensiones privadas. Además, se anima a recortar las pensiones ahora que se acepta mejor el sacrificio (?), un argumento que demuestra la obscenidad de los autores: se refieren a que hay que aprovechar el saqueo generalizado sobre los derechos para imponer un nuevo y grave recorte.

Ha firmado este informe la persona que aparecía representando a CCOO y eso mancha al sindicato y alarma a los afiliados y trabajadores. Como representante de CCOO aparecía en los medios de comunicación y, lo que es más importante, así lo entiende todo el mundo. Es un economista corriente cuya presencia en la comisión obedece exclusivamente a su responsabilidad en el sindicato. Si no lo representaba, CCOO tenía que haberse desmarcado desde el primer día. Lo último que podía pasar es que para no sacar la pata se entrase en estrafalarias explicaciones a lo Cospedal sobre la representación directa, en diferido o algo así. Esta persona es un asalariado de CCOO que no debería firmar nada sobre un tema que afecta a la organización sin consultar a sus responsables: Carlos Bravo, secretario de Protección Social y, en última instancia, Ignacio Fernández Toxo. La dirección del sindicato tiene que explicar si le dijeron que no lo firmase, si le dieron el plácet, si se descuidaron y, sobre todo, qué decisión van a tomar ahora con él.

El informe es interesado, injusto y equivocado. Según dice la prensa, ocho de los doce “expertos” han estado cobrando y al servicio de bancos y empresas de seguros, y que el presidente es un colaborador de FAES. Y el fondo del asunto es meter miedo para reducir la expectativa de pensión y forzar el crecimiento de los planes y fondos privados de pensiones. Es injusto porque solo se sacrifica a los trabajadores, cuando en España tiene un gasto en pensiones inferior a la media europea (10,7% frente al 13,5% del PIB) y sigue existiendo un superávit de 62.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es equivocado porque sólo incide en el recorte del gasto en pensiones y no se preocupa de mejorar los ingresos a través de una política económica orientada al empleo, a la mejora de los salarios, al aumento de cotizaciones y de los ingresos fiscales. Hay que recordar que la presión fiscal en España es de las más bajas de Europa: 32,6% frente a un 40% de media. También es equivocado utilizar una previsión de aumento de la esperanza de vida cuando, por primera vez en medio siglo, se ha producido una inflexión que acentuará con la catástrofe social que vive este país.

Otra de las cosas más graves de este informe, apoyado por el representante de CCOO, es que sirve de justificación para otro incumplimiento más del programa electoral del PP. Ante este disparate, CCOO debe rechazar el informe y en vez de romper la unidad con UGT, debe empezar a organizar con ella la movilización frente a la nueva agresión a las pensiones que Rajoy se ha comprometido con Bruselas a perpetrar este año. Hay que defender el mantenimiento y la recuperación del poder adquisitivo de unas pensiones muy castigadas. Sólo Grecia y Letonia han aplicado ajustes tan drásticos en la pensiones.

Si analizamos la estrategia de los sindicatos con las reformas laborales, podemos ver que ha habido acuerdos y, también, huelgas generales frente a las imposiciones (1988, 1992, 1994, 2002, 2010, 2011, 2012). Sin embargo, en relación a las pensiones sólo se ha convocado la huelga general de 1985 y desde hace diecisiete años la dirección de CCOO ha firmado todos los acuerdos. Acuerdos que, en general, han supuesto un retroceso de las mismas (ampliación del período de cálculo, más años de cotización, retraso de la edad de jubilación…). Incluso, CCOO firmó un acuerdo con Aznar en 2001, rompiendo la unidad con UGT, que lo rechazó. Habría que preguntarse por el trasfondo. ¿Empacho de respetabilidad? ¿Visión a corto plazo de los dirigentes sindicales que no miden las consecuencias a largo para los trabajadores? ¿Legitimarse ante el poder en algunas situaciones? ¿El hecho de que los responsables del área confederal de pensiones siempre hayan sido del ala más a la derecha del sindicato?… Lo que no vale es usar el argumento (neoliberal y de la CEOE) de que los acuerdos son para consolidar el sistema, cuando los recortes son siempre evidentes.

Hay que recordar que siempre hubo en CCOO voces, como el Sector Crítico, que rechazaron estos malos acuerdos para no ser cómplices de los mismos, convencidos de que la “política de apaciguamiento” de los aparatos para evitar recortes mayores se demuestra inútil ante la insaciabilidad de la banca y la derecha.

CCOO no debe apoyar este nuevo ajuste a las pensiones. La degradación del sistema de pensiones se puede convertir en una singularidad de este país, como lo es la alta tasa de paro y la precariedad, condicionando estructuralmente la demanda y el consumo en la economía española. Si lo hiciera, se le señalará durante mucho tiempo (de los “expertos” no se acordará nadie) como a uno de los responsables principales del retroceso social en el que está entrando nuestro país. Supondría la ruptura con amplios sectores laborales, muy especialmente con aquellos que tendrán graves dificultades para alcanzar una pensión digna. Y será difícil recuperar el crédito social necesario para llamar a la participación y a la movilización contra nuevos recortes de derechos sociales en el futuro.

Ninguna complicidad, por tanto, con quienes quieren hacer con las pensiones lo que están haciendo con los salarios: pasar de salarios de hambre mileruristas a salarios doblemente de hambre de 400 euros. Con los que ponen en cuestión el sistema de reparto, bajando fuertemente las pensiones iniciales y medias y empujando a los trabajadores de mayor renta hacia los planes privados al tiempo que se rebajan las cotizaciones a los empresarios. En fin, que no es una cuestión técnica lo que se ventila, sino pura lucha de clases: defensa del sistema público de pensiones frente a privatización y empobrecimiento de la mayoría.

Supongo que estas reflexiones no les gustarán a una parte del sindicato. Lo siento, no quiero molestar a nadie. Solo contribuir a que CCOO no cometa una grave equivocación: apoyar uno de los mayores ajustes sobre las pensiones de toda Europa.

(*) Agustín Moreno es profesor de Enseñanza Secundaria en Vallecas (Madrid) y miembro de la Marea Verde.

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CCOO nos debe una explicación.

Juan Carlos Escudier.

Tan berlanguiano ha sido el papel de CCOO en ese comité de sabios de las pensiones, que nunca estuvo mejor traído aquello de que el sindicato nos debe una explicación, y esa explicación que nos debe nos la tiene que pagar. Lo contrario sería una invitación a que los afiliados abandonen la Confederación y se hagan de la Mutua que, además de descuento si llevas a un amigo, te manda una grúa para el coche en caso de avería.

Que el director de su gabinete de Estudios opine exactamente lo mismo que los expertos que han colado en la comisión bancos, aseguradoras y la FAES de Aznar es para hacérselo mirar, aunque si uno lee el escueto voto particular de Miguel Ángel García en el que justifica su posición favorable con la salvedad de que la reforma se aplique en 2019 es para que se lo mire él y para que los demás nos hagamos cruces.

Dice García que diferir en cinco años la aplicación práctica del recorte “permitirá a la sociedad española disponer de tiempo suficiente para conocer en profundidad este instrumento e incorporarle a todas aquellas decisiones que puedan considerar están influidas por esta nueva variable que se introduce en el sistema de pensiones”. Dicho de otra manera, conviene que ahora gastemos y relancemos la economía en vez de alimentar desde ya mismo un fondo de pensiones privado para compensar lo que perderemos con las futuras pensiones públicas. Eso es lo que elegantemente nos sugiere este caballero.

Podría pensarse que el tal García es una autoridad mundial en materia de pensiones y que fue llamado para iluminar con su magisterio al resto de sus sabios colegas. Lo cierto, sin embargo, es que estamos ante un simple asalariado de CCOO que da clases de Economía Aplicada en una universidad privada. Si formaba parte de la comisión era para dar voz al sindicato, no para manifestar su propio criterio. Para esto último le habría bastado con abrirse un blog en Internet.

Obviamente, sólo hay dos alternativas: o el técnico actuó movido por un incontenible ataque de independencia y sólo se representa a sí mismo, en cuyo caso tendría que ser despedido con una carta de recomendación para el servicio de estudios del Banco Santander, o votó a favor con el beneplácito de la dirección del sindicato, que desde hace casi veinte años firma todo lo que le pongan por delante en lo que a pensiones se refiere, y a veces en solitario, como ocurrió en 2001. En este último supuesto, García debería ser ascendido a consejero vitalicio como poco.

CCOO se ha pronunciado por medio de un comunicado, que es la versión pobre del plasma monclovita. Se ha limitado a decir que el informe no es vinculante, que los cambios han de hacerse en el Pacto de Toledo y que para garantizar que el sistema sea sostenible hay que aumentar los ingresos. De García y su voto, ni una palabra.

De un sindicato de clase cabe esperar una defensa algo mayor de sus teóricos representados, especialmente cuando existen argumentos para ello. Hace apenas dos años que se firmó otra reforma de las pensiones que no sólo aumentaba en dos años la edad de jubilación sino que endurecía notablemente los requisitos para cobrar el 100 de la base reguladora; el gasto en pensiones sigue siendo en España muy inferior a la media europea en porcentaje del PIB; y, por si esto fuera poco, existe un fondo de reserva previsto para ser usado en situaciones de crisis como la actual.

Para mantener las pensiones no es preciso convertir a buena parte de los futuros jubilados en parias. Basta con crear empleo y aumentar el número de cotizantes, que es la variable que nadie parece tomar en consideración. Por el camino actual no hará falta ni aplicar ese factor de sostenibilidad por el que las percepciones se reducen al aumentar la esperanza de vida: con pensiones de miseria y reduciendo el gasto sanitario los jubilados se morirán antes y el sistema se salvará solo. ¡Oh, milagro!

Los trabajadores no conseguiremos absolutamente nada si no nos oponemos con firmeza a los atropellos perpetrados por leyes injustas.
En los tiempos que corren, las fórmulas para salvaguardar los derechos de los trabajadores, así como para ganar derechos, son la organización y la movilización.
Basta ya de "minimizar efectos", de "mas vale un mal acuerdo que...", ideas que han calado en el pensamiento de pequeño burgués de muchos de nosotros.
Si luchamos, podemos ganar. Si no luchamos... estamos perdidos.