F.J. escribió:Una vez me he informado algo más hago la siguiente aportación:
Creo y opino que debemos defender la contratación pública y acorde a los requisitos del convenio.
La Junta tiene mucha responsabilidad en subcontratar a través del ISE a empresas que sistemáticamente están vulnerando el derecho laboral (ET: descansos semanales, salarios dignos, requisitos mínimos de titulación, jornadas superiores a lo pactado en contrato, incumplimiento de vacaciones y un largo etc.)
Por las noticias que tengo y he leído, creo que desde USTEA se ha denunciado reiteradamente y por escrito todas estas “deficiencias”?¿ y se ha exigido a la Administración reunión urgente para tratar este tema.
Además siempre he constatado que han reivindicado la creación de esas plazas y que aparezcan en RPT. Que esas plazas sean cubiertas por personal contratado por la propia administración, ya que es la única manera de obtener un trabajo digno y “que se atenga a lo legal” (convenio y ET).
A la larga es la administración la única perjudicada porque contrata a sabiendas que las subcontratas van a crear problemas después ya que las subcontrataciones se hacen por lotes, asignando una cantidad determinada para cada lote, las empresas ofertan y se adjudican los lotes por las cantidades determinadas previamente, posteriormente a partir de un número determinado de unidades se empiezan a repartir horas para cada colegio...es mercadeo puro y duro.
En su momento se denunció hasta al Defensor del pueblo en Andalucía. Se supone que investigó, preguntó e instó al ISE a regirse y a la contratación con personal laboral propio, no sirvió de nada. Como son mayormente labores relacionadas con la gestión económica de los centros educativos, pero también vinculadas a cuestiones tales como preinscripciones, matriculaciones y grabación de datos personales de los alumnos, algún sindicato ha reclamado que esa labor sea efectuada por funcionarios exclusivamente
Lo que parece que los sindicatos que han denunciado este caso plantean es la ilegalidad de externalizar servicios propios y exclusivos de la administración, ya que ello puede ir en contra de la legalidad, pues se da una atribución directa o indirecta de potestades a personal ajeno a la función pública.
Esto es lo que he podido recabar de información:Pego una nota de denuncia de USTEA aparecida en prensa el 09/04/2013:
“El sindicato USTEA denuncia tanto la situación de impagos en que esta empresa está incurriendo desde que ganó el concurso en noviembre pasado y desde la primera nómina que las trabajadoras cobraron a día 17, como otros incumplimientos reiterados del convenio de aplicación en el sector por parte de dicha empresa y de todas las que hasta ahora han desarrollado este servicio.
USTEA denuncia las precarias condiciones de nuestras administrativas:
Sueldos de miseria. Por cada 8 €/h que el ISE le paga a la empresa las trabajadoras perciben la ínfima cantidad de 5 €/h.
Cobran sólo los días trabajados. Descontándoseles los días festivos y las vacaciones.
Impagos, retrasos e irregularidad en las nóminas. Las trabajadoras no tienen ingresos periódicos sino transferencias extraordinarias, perdiendo las posibles ventajas de domiciliar sus nóminas.
Contratos fraudulentos. Las trabajadoras tienen un contrato por obras y servicios cuando resulta obvio que la administración de los centros es una tarea fundamental en la vida de los mismos y no una obra o servicio por tiempo determinado.
USTEA denuncia a la empresa, por los incumplimientos, los impagos y porque no ha demostrado solvencia suficiente para hacerse cargo de este servicio. Denuncia también a STI por abandonar literalmente a sus trabajadoras y el servicio, tanto ellas como este sindicato hemos intentado en numerosas ocasiones ponernos en contacto con el coordinador de la misma Federico Novo y no ha sido posible. La empresa pretende coordinar a las trabajadoras desde Madrid, lo cual demuestra una clara cesión ilegal de trabajadores”.
Otra nota aparecida en la agencia EFE:
La Consejería de Educación ha contratado en los últimos meses trabajos externos en todas las provincias andaluzas a un ente de la «administración paralela», que a su vez hace de intermediario ante empresas privadas, para la realización de una serie de servicios de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de centros públicos por importe superior a los 4,5 millones de euros, circunstancia que ha sido denunciada, al entender que con tales decisiones se ha marginado a los empleados públicos. Después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (dependiente de la Consejería de Hacienda) paralizara cautelarmente el contrato suscrito en la provincia de Córdoba, se ha solicitado al mismo órgano arbitral la suspensión de los restantes y ha exigido que se depuren las correspondientes responsabilidades. Y hasta ahora nada.
Notas de prensa de USTEA, donde consta que son apoyados en sus reivindiaciones por USTEA:
http://www.ustea.es/node/30608http://ventanillasenlucha.blogspot.com.es/http://www.europapress.es/andalucia/cad ... 01440.htmlhttp://andaluciainformacion.es/ondaluz- ... o-laboral/http://www.ustea.es/cadizhttp://www.ustea.es/novedades/201302?page=2